El encuentro pudo haber sido considerado como el primero que hizo el consejo directivo que se realizó en la sede de la CGT de manera presencial. Sin embargo, la reunión será recordada como la que expresó, sin tapujos, el malhumor con el gobierno nacional. Tan es así que algunos dirigentes de grandes sindicatos llegaron a proponer movilizaciones e incluso un paro ante el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, las paritarias a la baja, la situación de las obras sociales y el escaso diálogo con el sindicalismo. Al final, estas propuestas se desactivaron y por ahora esas inquietudes se canalizaron a través de un documento donde advirtieron la «preocupación» que hay en la central obrera por medidas de la Rosada que implicarían restricciones en «programas sociales, ayudas económicas a sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales».

La CGT se siente copartícipe de todo el esfuerzo que se viene realizando en este tiempo de pandemia y ese esfuerzo no sólo se traduce en el rol de los trabajadores que están directamente implicados en la lucha contra el coronavirus. También lo hacen en cuestiones relacionadas a la contención de las consecuencias negativas que provoca el virus en la economía y el trabajo. Es por eso que la negativa por parte del Gobierno de reabrir paritarias y la posibilidad de que las obras sociales sindicales tenga que correr con el costo de las vacunas contra el covid-19, entre otros temas,  provocó que la temperatura subiera en varios de los presentes en la reunión del consejo directivo.

Los más enojados fueron los que representan gremios pesados por la cantidad de afiliados que tienen aunque no necesariamente los más activos a la hora de pelear salarios y medidas de fuerza. Sin embargo, en el encuentro realizado el edificio de Azopardo, pidieron medidas de acción directa porque a la lista de quejas le sumaron ahora el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria.

La mayoría de los presentes coinciden, al menos en el análisis, que la situación con el gobierno está un tanto tensa, sobre todo por la falta de comunicación (que incluye la delicadeza del gobierno de anticipar algunas decisiones) y la inacción que viven las mesas de trabajo entre la Rosada, los gremios y la patronal. Sin embargo, y a pesar de este diagnóstico, la mayoría no acompañó la moción de medidas de acción directa. Una negativa que incluyó algunos duros señalamientos para con los gremialistas ahora soliviantados.

El malestar se saldó, al menos por ahora, con dos acciones. Por un lado decidieron pedir reuniones de urgencia tanto con el presidente Alberto Fernández como con la vice Cristina Fernández de Kirchner. Van a pedir que los encuentros se realicen en un plazo perentorio para trasladar las quejas y preocupaciones.

Lo que resta decidir es si realizarán alguna actividad para conmemorar el próximo 17 de noviembre el día de la militancia por el primer regreso de Juan Domingo Perón en 1972. Es un tema urticante porque Hugo Moyano ya anució para ese día una caravana como la del 17 de octubre y eso aviva la interna en la CGT con el líder camionero.

La otra acción fue la redacción de un comunicado. El texto expresa la preocupación de la CGT por las medidas del gobierno «que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales». Es por eso que ante la continuidad de la pandemia afirmaron que «no es posible desarmar el andamiaje socio-económico construido con tanto esfuerzo, y hay que garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios previsionales».

También se puede decir que hubo una tercera medida que se tradujo en una nota ante la Superintendencia de Servicios de Salud donde solicita que la vacunación contra el coronavirus «sea financiada con recursos del Tesoro Nacional, para evitar la sangría de las obras sociales».