Zannini le reclamó a la Corte que apure una definición sobre el caso Correo, que lleva más de 20 años

El máximo tribunal tiene el expediente cajoneado hace 9 meses. Tiene que resolver si el caso pasa a la Justicia porteña, tal como pretenden los Macri. Mientras resuelven eso Zannini también insiste en que anulen la suspensión de la quiebra.
El procurador del Tesoro Carlos Zannini, jefe de los abogados del Estado, le reclamó a la Corte Suprema que defina rápido el expediente Correo. El máximo tribunal tiene hace 9 meses cajoneada esta causa, donde tiene que definir si los Macri pueden usar a la Justicia porteña para desplazar a la fiscala Gabriela Boquin y seguir manejando este caso a gusto. La familia del ex presidente también logró que se suspenda la quiebra de Correo hasta que la Corte defina lo anterior. La Corte no tiene plazos, lo que puede llevar a una suspensión indefinida de la causa Correo y, por ende, que los Macri nunca paguen su multimillonaria deuda con el Estado y más de 700 acreedores. Por eso Zannini la reclama ahora a la Corte que se pronuncie rápido y, en caso de que no puedan (o quieran), al menos anulen la suspensión de la quiebra de Correo mientras definen.

El expediente por la deuda del Correo está frenado porque los Macri buscan que esta causa, que tramitó desde el 2001 en el ámbito de la Justicia Nacional, ahora pase a la Justicia porteña. ¿Por qué? Porque en la Justicia Nacional en lo Comercial les dictaron la quiebra de Correo luego de 15 años de demoras injustificadas. Ante eso los Macri recusaron a la jueza Marta Cirulli (que decretó la quiebra) y a la fiscala Boquin (que en su momento frenó la condonación de la deuda). Esas recusaciones fueron rechazadas por la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, cuyas históricas integrantes Maria Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballertini fueron cómplices del letargo de esta causa pero que en algunos y puntuales casos cumplieron la ley. Entonces los Macri maniobraron para que el caso se mude al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, que les responde sin peros.

Esta cuestión, si el TSJ porteño puede entrometerse en el caso Correo, es lo que Zannini reclama que la Corte se apure en resolver. Es a todas luces ilegal. El TSJ porteño no es una instancia superior a la Cámara Nacional en lo Comercial, aunque esta tenga sede en CABA. Es tan absurdo como plantear que un Ministerio Nacional cuya sede está en CABA tenga que reportar a Horacio Rodríguez Larreta. Cualquier definición sobre un traspaso de jurisdicción de un fuero Nacional a CABA corresponde al Congreso, y eso no sucedió. Pero el TSJ porteño aceptó igualmente meterse en el caso y la definición sobre qué jurisdicción va a seguir con este expediente quedó en manos de la Corte.

En agosto de 2021 los Macri pidieron suspender todo con la excusa que la Corte tenía que definir la cuestión de la intervención de la Justicia porteña. A los pocos días, el procurador interino Eduardo Casal, que respondió siempre a las directivas de Cambiemos, no quiso papelones y dictaminó que eso no era viable. “Opino que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”, escribió Casal. Desde entonces la Corte tiene guardado el caso y ahora Zannini les reclama una definición.

 

El escrito presentado por Zannini, al que accedió El Destape, le solicita a la Corte “que se expida a la mayor brevedad posible (…) poniendo fin al conflicto de jurisdicción” para de sea forma “remover el obstáculo que impide el correcto desarrollo del proceso falencial que lleva más de 20 años en trámite”. El procurador del Tesoro agrega que si aún no están en condiciones de resolver (lo que sería extraño, ya que es un caso más bien simple desde lo jurídico), que al menos reviertan la suspensión de la quiebra. El propio Zannini ya reclamó que esa quiebra se extienda a Socma Americana, la accionista mayoritaria de Correo.

Zannini ya planteó la nulidad y un recurso de revocatoria contra la decisión de las juezas Ballerini y María Elsa Uzal de suspender todo hasta que la Corte decida . Se los rechazaron al instante. También presentó un recurso extraordinario federal para ir a la Corte, que aún no se resolvió. Este es un tercer escrito, para poner en conocimiento de la Corte todas estas irregularidades. La Corte sabe, pero siempre es mejor que quede constancia.

La cronología de este último tramo de la causa Correo es la siguiente. El 1 de noviembre de 2020 los Macri recusaron tanto a la jueza Cirulli como a la fiscala Boquin. ¿Por que? Fue el inicio de toda esta maniobra, ya que sabían que se les habían terminado los vericuetos judiciales para evitar la quiebra y se adelantaron a pedir el apartamiento de la jueza y la fiscala que la impulsarían. Les salió bien. Primero, recuerda Zannini en su escrito, lograron demorar la quiebra 4 meses más . Pero esa maniobra, detalla Zannini, “dejó sembrada la semilla para esgrimir en esta instancia una supuesta causal de suspensión del proceso” que fue lo que terminó el pasado 4 de mayo de 2022 con el fallo que suspendió todo hasta que la Corte decida.

En el medio, el 5 de julio de 2021 la jueza Cirulli decretó la quiebra. Los Macri apelaron, algo que no está permitido en la ley. La jueza Cirulli aceptó esa apelación y le dio efecto suspensivo que, como su nombre lo indica, dejó en suspenso la quiebra hasta que resolviera una instancia superior, la Cámara Comercial. Tanto la fiscala Boquin como el procurador Zannini presentaron escritos contra esa decisión, remarcando un sinnúmero de irregularidades. La Sala B de la Cámara Comercial, con sus históricas integrantes Maria Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini, ni siquiera les contestaron. Lo que sí pasó, ya con Gómez Alonso jubilada y reemplazada por Maria Elsa Uzal, fue que de repente decidieron suspender todo hasta que la Corte resolviera sobre la cuestión de la intromisión del TSJ porteño, sin meterse en el resultado de la quiebra. Todo a favor de los Macri.

Zannini reitera que el fallo que suspendió todo fue “en base argumentos discordantes entre las vocales doctoras Ballerini y Uzal, que no llegan a conformar una decisión convergente por diferir en sus argumentos”. O sea, que el fallo no tuvo una mayoría real. También que la suspensión de todo no está prevista por la ley e incluso remarca que las recusaciones contra Cirulli y Boquin las impulsó Socma Americana, que es la accionista principal de Correo Argentino pero que no es parte de esta causa por ahora.

Fue un juego de pinzas: por un lado Correo Argentino apeló la quiebra (algo ilegal) y por el otro Socma Americana recusó a la jueza y la fiscala y pidió que todo pase al TSJ porteño (algo también ilegal). “A tal punto es abusivo el uso que se hace del instituto de la recusación y de las vías recursivas, que Socma Americana SA realiza los planteos que luego son tomados por una persona jurídica distinta (Correo Argentino SA) que pide y obtiene la suspensión del proceso de quiebra”, resume Zannini.

No solo el Código NO dispone la suspensión por planteos recusatorios, sino que (como vimos) establece todo lo contrario, esto es, que la causa debe continuar su trámite, NO puede suspenderse”, insiste Zannini, que también advierte sobre la gravedad institucional de esta maniobra. Al igual que la fiscala Boquin, plantea que si lo que hacen los Macri se repite en otros casos similares “se produciría una situación de parálisis en la administración de justicia”.

La gravedad institucional se presenta en el caso, no solo a consecuencia de la irrazonable demora que lleva este proceso falencial (más de 20 años) sino también en razón de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de erigirse como instancia recursiva revisora de las decisiones de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”, plantea Zannini.

Como ya advirtió este medio, todo quedará en manos de la Corte, que no mira el Código Procesal Civil y Comercial sino el calendario electoral y las encuestas. El máximo tribunal no tiene plazos y decide sobre los casos que quiere y cuando quiere. Lo más probable es que el caso quede en un cajón, todo beneficio para los Macri. En el caso de que la Corte decida tratarlo dos de sus cuatro miembros, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aceptaron ser designados por decreto por Macri, por lo que mucho apego a la ley no tienen. De Ricardo Lorenzetti, titiritero del lawfare en la era Cambiemos, se puede esperar su zigzagueo camaleónico. El voto del cordobés Juan Carlos Maqueda, designado por el senador en ejercicio de la Presidencia Eduardo Duhalde, es una incógnita, puede confirmar la mayoría o generar un bloqueo. Ambas opciones favorecen a los Macri.

 

El Destape

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